En español

Nací en México y me crié en Houston, y desde niña recuerdo estar sentada al lado de mis padres inmigrantes durante las llamadas o reuniones importantes para traducirles. Mi mamá me pedía que le tradujera cuando hablaba con los vendedores en las tiendas. Yo mezclaba oraciones y hacía gestos con las manos porque estaba comenzando a aprender a hablar inglés mirando programas de televisión estadounidenses.

En Houston se hablan más de 145 idiomas. Ser bilingue es una de las bendiciones de vivir en la ciudad más diversa de los Estados Unidos. Pero esto también implica que los niños forman parte de conversaciones que generalmente están reservadas para los adultos. Traducimos cuando nuestros padres tratan con las empresas de servicios públicos, cuando van al médico e incluso cuando tienen que lidiar con agencias de cobro.

En quinto grado me enteré de que los niños que viven dentro de un radio de 2 millas del Canal de Navegación de Houston, tienen una probabilidad de un 56 por ciento más alta de tener leucemia que los niños que viven a una distancia de 10 millas. Asistí a la escuela primaria DeZavala Elementary en Magnolia Park, a menos de media milla del Canal de Navegación, y mi hogar estaba a solo una milla de distancia. Tuve que decidir si estaba bien contarle esta novedad a mi madre. Lamentablemente, estaba muy al tanto de sus desafíos emocionales, financieros y sociales, y no quería sumarle otra carga. Finalmente, se lo conté, pero me concentré en aquellas personas que vivían más cerca del Canal de Navegación.

Ya siendo adulta, me enteré de que las personas de color como yo se ven desproporcionadamente afectadas por la contaminación del aire y otros tipos de contaminantes. Sin embargo, en Houston, aquellos que no hablan inglés, quienes precisamente son los más afectados por la contaminación, tienen un acceso limitado a la información sobre los factores a los que están expuestas las familias. Esto se debe a que la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ), que tiene a su cargo la protección de nuestra salud pública, no lleva a cabo reuniones ni comunicaciones públicas en español.

Las zonas de Manchester y Galena Park, donde predominantemente se habla español, siguen teniendo niveles de contaminación de aire más altos que las comunidades blancas. A pesar de esto y en términos prácticos, se les ha excluido de la conversación porque las notificaciones sobre permisos, audiencias, reuniones y cambios propuestos a las regulaciones ambientales están casi en su totalidad en inglés. En Galena Park, que está habitada casi en un 80 por ciento por hispanos, no hay ningún tipo de información de seguridad disponible en línea en español sobre los químicos vertidos.

¿Cuándo se pondrá Texas al día con la gente que compone su demografía? Una legisladora, la Representante Erin Zwiener, reconoció la necesidad de priorizar la justicia idiomática en el Proyecto de Ley 1820, que habría requerido un sistema de alertas tóxicas para informar a las comunidades “en su idioma de preferencia” sobre químicos vertidos y otros riesgos. Lamentablemente, este sistema de alerta se eliminó del proyecto de ley antes de que se votara en comisión.

Hay grupos que están trabajando por llevar a Texas al presente. En respuesta a las quejas de derechos civiles presentadas por los Servicios de Defensoría de Justicia Ambiental de Texas y el Sierra Club, la TCEQ propuso reglas para aumentar los servicios de traducción e interpretación, y para ampliar los requisitos de uso de idiomas alternativos en avisos públicos sobre las solicitudes de permisos para desechos, tanto en el agua como en el aire. El objetivo es implementar los cambios necesarios para permitir una participación completa a pesar de las barreras idiomáticas. Este nuevo requisito brindaría un resumen en lenguaje simple de la solicitud de permisos de la TCEQ. Además, la nueva reglamentación incluiría más información en los resúmenes sobre los impactos de salud de la contaminación anticipada, datos demográficos sobre los vecindarios cercanos a las instalaciones que solicitan los permisos, y otros. La reglamentación propuesta también requerirá la traducción a pedido de la información del sitio web de la TCEQ, las agendas y los avisos de reuniones, y documentos que expliquen los posibles impactos sobre la salud.

A medida que la TCEQ decide si implementar las nuevas reglas, una solicitud pendiente muestra por qué son tan necesarias. TPC Group, cuya instalación de Port Neches explotó en noviembre de 2019 y obligó a 50,000 personas a evacuar el día antes del Día de Acción de Gracias, ha solicitado permisos para expandir sus operaciones en el East End de Houston, cerca de Milby Park. Esta expansión podría contribuir aún más a la misión del alqueno cancerígeno 1,3-butadieno, en un aire que hoy en día ya tiene demasiado. Es posible que TPC Group haya cumplido con los requisitos legales, pero eso no significa que se estén comunicando con los residentes que más necesitan esa información. Enviaron correos electrónicos solo a aquellas personas que ya los conocen e imprimieron avisos en un denso lenguaje legal en la parte posterior de los periódicos, uno de los cuales cubre Pasadena, no el East End, lo que genera aún más preguntas sobre los costos de suscripción y la brecha digital para algunas comunidades.

En términos prácticos, TPC Group y la TCEQ esperan que estas notificaciones - que incluso los abogados ambientales las encuentran difíciles de entender - sean comprendidas y traducidas por niños y niñas como lo fui yo, para que nuestras familias estén enteradas de los daños que podrían enfrentar. Las grandes corporaciones y las agencias estatales tienen los recursos, y podemos esperar de ellas que garanticen que las comunidades que más se verán afectadas, sean debidamente informadas.

Eso podría acercarnos un paso más a un día en el que todas las familias respiren aire puro.

In English

As a child born in Mexico and raised in Houston, I remember sitting next to my immigrant parents during important meetings and phone calls to translate. My mother asked me to translate to store clerks. I would chop together sentences and use hand gestures because I had just begun learning English by watching American TV shows.

More than 145 languages are spoken in Houston. Becoming bilingual is one of the blessings of living in the most diverse city in America. But it also means children become part of conversations typically reserved for adults. We translate between our parents and utility companies, doctors, even collection agencies.

In fifth grade, I learned that children who live within 2 miles of the Houston Ship Channel are 56 percent more likely to develop leukemia than children 10 miles away. I was attending DeZavala Elementary in Magnolia Park, less than half a mile from the Ship Channel, and my home was a mile away. I had to choose whether to share this news with my mother. I was painfully aware of her emotional, financial and societal challenges and didn’t want to add another burden. In the end, I told her, but I focused on those living closer to the Ship Channel.

As an adult, I would learn that people of color like me are disproportionately affected by air pollution and other contaminants. But, in Houston, access to information about what families are exposed to is limited for those who do not speak English — precisely those most affected by pollution. That’s because the Texas Commission on Environmental Quality, entrusted with protecting our public health, does not hold enough meetings or communicate publicly in Spanish.

Predominantly Spanish-speaking Manchester and Galena Park continue to experience higher levels of air pollution than white communities. Despite this, they are functionally excluded from the conversation, because notices about permits, hearings, meetings and proposed changes to environmental regulations are nearly exclusively in English. In Galena Park, which is almost 80 percent Hispanic, there is no safety information about chemical releases available online in Spanish.

When will Texas catch up to its demographics? One lawmaker, Rep. Erin Zwiener, recognized the need to prioritize language justice in House Bill 1820, which would have required a toxic alert system to let communities know “in their preferred language” about chemical releases and other hazards. Sadly, this alert system was cut from the bill before it was voted out of committee and left for dead by Speaker Dade Phelan on the floor.

Some groups are working to pull Texas into the present. In response to a civil rights complaint by Texas Environmental Justice Advocacy Services and Sierra Club, TCEQ proposed rules to increase translation and interpretation services and extend existing alternative language requirements to public notices in waste, water and air permit applications.

The goal is to facilitate full public participation despite language barriers. The new rules would provide a plain-language summary of applications; those would explain health impacts and demographic data for nearby communities. Translation upon request of TCEQ’s website information, agendas and meeting notices and health documents would also be required. The new rules could be voted on this August — a sign that TCEQ is trying to catch up with the rest of Texas in this one way, at least.

As TCEQ decides whether to implement the new rules, a pending application shows why they are so necessary. TPC Group, whose Port Neches facility exploded in November 2019 and forced 50,000 people to evacuate the day before Thanksgiving, has applied for permits to expand its operations in Houston’s East End near Milby Park. This expansion could lead to the emissions of even more cancer-causing 1,3-butadiene into air that already has too much. TPC Group might have met legal requirements, but that doesn't mean it is communicating with the residents who need the information the most. It sent emails to those people who already know about them and printed notices in dense legal language in the backs of newspapers.

Effectively, TPC Group and TCEQ are expecting children, like the girl I was, to be able to understand these notifications that even environmental lawyers struggle with and translate the harms our family could face. Large corporations and state agencies have the resources. They should be expected to ensure the communities who stand to be impacted the most are included first.

That could bring us one step closer to a day when all families breathe clean air.

This article originally appeared in the Houston Chronicle.

Treviño is a Houston resident and an EcoMadres organizer for Moms Clean Air Force.

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